Contexto de Agua en Bolivia
En los últimos años la agenda mundial ha incluido como un tema de creciente prioridad el análisis de la problemática del agua y sus consecuencias. Bolivia no solo ha estado inmersa en esta agenda, sino incluso ha marcado línea y ha sido puntal para la construcción de una visión más social de la gestión de este recurso, sobre todo en la búsqueda de romper los criterios de mercantilización que consideran al agua como un bien escaso y económico, susceptible de ser introducido a la disciplina del mercado.
La aguas de Bolivia tributan a tres grandes cuencas: la cuenca Amazónica (66% del territorio) que a través del río Madera drena alrededor del 95% de las aguas del país, la cuenca del Plata (21% del territorio) y la denominada cuenca Cerrada o Lacustre (13% del territorio) que gira alrededor de los lagos Titikaka y Poopo y sus ríos tributarios tanto en Bolivia como en Perú. Las zonas predominantes son la altiplánica andina, la de los valles interandinos y la de los llanos, las dos primeras representan alrededor de una tercera parte de la superficie total del país (1,098.581 Km2), aunque aún son el espacio de vida de cerca de 3 de cada 4 de los aproximadamente diez millones de bolivianos y es la zona en la que el uso del agua cobra mayor prioridad por su acceso restringido (derechos, usos), disponibilidad temporal (3 a 4 meses de lluvia), escasez (250 – 400 mm. de lluvia) o demanda (riego, agua potable, industria).
A pesar de los avances normativos principalmente a nivel sectorial (p.e. la Ley de Riego) e institucionales (p.e creación del ministerio del agua), la situación normativa e institucional formal del agua en Bolivia es aún débil, incompleta, inexistente o caduca (p.e. Ley de aguas de 1906, falta de autoridad de aguas, ausencia de un marco normativo integral que contempla los múltiples usos del agua, etc.), por lo que a nivel local aún prevalecen prácticas tradicionales de ordenamiento del acceso y gestión del agua basadas en los usos y costumbres (normas consuetudinarias o derecho positivo), que conviven con el derecho formal, soportadas por estructuras ancestrales o más recientes pero socialmente aceptadas o impuestas.
Entre el 80 y 85% del uso del agua en Bolivia está dirigido al riego (CEPAL, 1998; Van Damme, 2002), es también relacionado a este sector productivo que se presentan los mayores conflictos intra e intersectoriales, especialmente en aquellos lugares en los cuales la escasez del agua y su ineficiente gestión, agudiza su disponibilidad y manejo y en los cuales se multiplican los esfuerzos locales e institucionales por avanzar hacia una Gestión Integral del Agua, que promueva su sostenibilidad y gobernabilidad local y un acceso más equitativo y equilibrado, en el marco de espacios de concertación de múltiples actores.
La búsqueda de alternativas para la construcción de una gestión integral del agua a nivel local, ha motivado al grupo de aprendizaje estudiar el caso de Tiquipaya, municipio del departamento de Cochabamba (cuya capital ha sido escenario de la conocida “Guerra del Agua” del año 2000), donde los contrastes de sequía e inundación ligados a los períodos de estiaje y precipitación (típicos en los valles interandinos); la coexistencia de modelos tradicionales prevalecientes de acceso y gestión del recurso con la institucionalidad y normatividad formal; así como la lucha constante entre el avance acelerado del proceso de urbanización con los esfuerzos campesinos por evitar el cambio del uso actual del suelo; etc. La han convertido en un lugar privilegiado y emblemático de trabajo de varias instituciones que a su forma y 3 propia visión trabajan en la construcción de conceptos, aún no comunes, de Gestión Integral del Agua y la Gestión Integral de Cuencas.
Por otra parte, la búsqueda de gobernabilidad en un escenario de debilidad Gubernamental, ha provocado una mayor predisposición de los administradores del Estado por atender las demandas de las organizaciones o movimientos sociales, principalmente campesinos e indígenas, abriendo para ello, en muchos casos bajo la amenaza de conflicto, escenarios de consenso o participación (más o menos formales, legítimos o valederos). Cambios logrados como el de la Ley de Riego, la conformación de estructuras sociales como la ANARESCAPYS (Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento) o de espacios de concertación como el CONIAG (Consejo Interinstitucional del Agua en Bolivia) han tenido su origen en este escenario descrito. Por ello el proceso de construcción de esta norma sectorial (Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal Nº 2878 del 8 de Octubre de 2004) se ha identificado como un tema prioritario de interés para el análisis y reflexión al interior del grupo de aprendizaje.
Tomado de waterlandpeople.net para su difusión
La aguas de Bolivia tributan a tres grandes cuencas: la cuenca Amazónica (66% del territorio) que a través del río Madera drena alrededor del 95% de las aguas del país, la cuenca del Plata (21% del territorio) y la denominada cuenca Cerrada o Lacustre (13% del territorio) que gira alrededor de los lagos Titikaka y Poopo y sus ríos tributarios tanto en Bolivia como en Perú. Las zonas predominantes son la altiplánica andina, la de los valles interandinos y la de los llanos, las dos primeras representan alrededor de una tercera parte de la superficie total del país (1,098.581 Km2), aunque aún son el espacio de vida de cerca de 3 de cada 4 de los aproximadamente diez millones de bolivianos y es la zona en la que el uso del agua cobra mayor prioridad por su acceso restringido (derechos, usos), disponibilidad temporal (3 a 4 meses de lluvia), escasez (250 – 400 mm. de lluvia) o demanda (riego, agua potable, industria).
A pesar de los avances normativos principalmente a nivel sectorial (p.e. la Ley de Riego) e institucionales (p.e creación del ministerio del agua), la situación normativa e institucional formal del agua en Bolivia es aún débil, incompleta, inexistente o caduca (p.e. Ley de aguas de 1906, falta de autoridad de aguas, ausencia de un marco normativo integral que contempla los múltiples usos del agua, etc.), por lo que a nivel local aún prevalecen prácticas tradicionales de ordenamiento del acceso y gestión del agua basadas en los usos y costumbres (normas consuetudinarias o derecho positivo), que conviven con el derecho formal, soportadas por estructuras ancestrales o más recientes pero socialmente aceptadas o impuestas.
Entre el 80 y 85% del uso del agua en Bolivia está dirigido al riego (CEPAL, 1998; Van Damme, 2002), es también relacionado a este sector productivo que se presentan los mayores conflictos intra e intersectoriales, especialmente en aquellos lugares en los cuales la escasez del agua y su ineficiente gestión, agudiza su disponibilidad y manejo y en los cuales se multiplican los esfuerzos locales e institucionales por avanzar hacia una Gestión Integral del Agua, que promueva su sostenibilidad y gobernabilidad local y un acceso más equitativo y equilibrado, en el marco de espacios de concertación de múltiples actores.
La búsqueda de alternativas para la construcción de una gestión integral del agua a nivel local, ha motivado al grupo de aprendizaje estudiar el caso de Tiquipaya, municipio del departamento de Cochabamba (cuya capital ha sido escenario de la conocida “Guerra del Agua” del año 2000), donde los contrastes de sequía e inundación ligados a los períodos de estiaje y precipitación (típicos en los valles interandinos); la coexistencia de modelos tradicionales prevalecientes de acceso y gestión del recurso con la institucionalidad y normatividad formal; así como la lucha constante entre el avance acelerado del proceso de urbanización con los esfuerzos campesinos por evitar el cambio del uso actual del suelo; etc. La han convertido en un lugar privilegiado y emblemático de trabajo de varias instituciones que a su forma y 3 propia visión trabajan en la construcción de conceptos, aún no comunes, de Gestión Integral del Agua y la Gestión Integral de Cuencas.
Por otra parte, la búsqueda de gobernabilidad en un escenario de debilidad Gubernamental, ha provocado una mayor predisposición de los administradores del Estado por atender las demandas de las organizaciones o movimientos sociales, principalmente campesinos e indígenas, abriendo para ello, en muchos casos bajo la amenaza de conflicto, escenarios de consenso o participación (más o menos formales, legítimos o valederos). Cambios logrados como el de la Ley de Riego, la conformación de estructuras sociales como la ANARESCAPYS (Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento) o de espacios de concertación como el CONIAG (Consejo Interinstitucional del Agua en Bolivia) han tenido su origen en este escenario descrito. Por ello el proceso de construcción de esta norma sectorial (Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal Nº 2878 del 8 de Octubre de 2004) se ha identificado como un tema prioritario de interés para el análisis y reflexión al interior del grupo de aprendizaje.
Tomado de waterlandpeople.net para su difusión
