Agua para la vida: Editorial del Periódico Cambio
Amigos preocupados por la problemática del Agua en Bolivia, aquí le presentamos la Editorial del periódico Cambio de La Paz de fecha 26 de julio del 2011, por la importancia que tiene esta, aunque viene con mucha carga política del gobierno del MAS pero vale la pena dar una leída para darnos cuenta como se está manejando el tema del agua en nuestro país.
La Editorial del periódico Cambio titula "Agua para la vida" y dice lo siguiente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hace un año, el 28 de julio de 2010, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
La adopción de esta resolución, en tiempos de la globalización y del cambio climático en el mundo, estuvo precedida de una activa campaña liderada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.
La colosal iniciativa del mandatario boliviano cosechó un abrumador apoyo mundial. La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, con el voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. Morales, antes de ese gigantesco paso, fue el primero en impulsar para que en una Constitución Política se incluyera el derecho al agua.
Antes de Evo, en plena época neoliberal, el agua era un negocio privado. Por ejemplo, el servicio en la ciudad de Cochabamba, con la empresa Aguas de Tunari, subsidiaria de la multinacional estadounidense Bechtel, las tarifas para el usuario sufrieron un alza del 300 por ciento. Una familia de trabajadores tenía que pagar entre un 40 y un 70 por ciento de su sueldo para poder utilizar agua potable. El ‘tarifazo’ dio lugar a la llamada Guerra del Agua en abril de 2000.
En 2003 se descubrió que 200.000 habitantes de El Alto no contaban con servicios de agua potable, a pesar del compromiso de la empresa Aguas del Illimani de ampliar el suministro. Y eso no era todo. Las inversiones no eran capitales de la empresa, sino de organismos internacionales que facilitaban préstamos que la misma población terminó pagando.
De esos abusos —entre otras razones— es que el presidente Morales Ayma impulsó para que las empresas deban adecuarse a lo que dicta la Constitución Política del Estado Plurinacional. Así, el avance de una legislación que proteja y garantice el acceso al agua potable no se podía frenar y del ejemplo de un país saltó al mundo entero.
La nueva Carta Magna, que entró en vigor en febrero de 2009, consagra el acceso al agua como un derecho humano “fundamentalísimo”.
El artículo 16 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, y el 373-I estipula que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.
El texto agrega que “el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad” y que “el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida”.
El artículo 373-II establece, por su parte, que los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos estratégicos y “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados”.
Y es que la propiedad de un recurso natural tan importante y vital debe estar en manos del Estado y no debe permitirse ningún tipo o forma de privatización del agua que reduzca el derecho de acceso en cantidad y calidad suficiente a millones de seres humanos.
Además, sólo la estatización de los servicios de agua permitió al Gobierno del Estado Plurinacional, por ejemplo, decretar una reducción de entre 35 y 55 por ciento en los costos de instalaciones en domicilios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto.
Luego de la promulgación de la nueva Constitución de Bolivia, el gobierno del presidente Morales ha comprometido inversiones por más de 100 millones de dólares en obras de suministro de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales. Y con el Programa Más Inversión para el Agua, Mi Agua, 900 obras en ese rubro se ejecutan en todo el país. Son hechos más allá del discurso.
La Editorial del periódico Cambio titula "Agua para la vida" y dice lo siguiente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hace un año, el 28 de julio de 2010, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
La adopción de esta resolución, en tiempos de la globalización y del cambio climático en el mundo, estuvo precedida de una activa campaña liderada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.
La colosal iniciativa del mandatario boliviano cosechó un abrumador apoyo mundial. La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, con el voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. Morales, antes de ese gigantesco paso, fue el primero en impulsar para que en una Constitución Política se incluyera el derecho al agua.
Antes de Evo, en plena época neoliberal, el agua era un negocio privado. Por ejemplo, el servicio en la ciudad de Cochabamba, con la empresa Aguas de Tunari, subsidiaria de la multinacional estadounidense Bechtel, las tarifas para el usuario sufrieron un alza del 300 por ciento. Una familia de trabajadores tenía que pagar entre un 40 y un 70 por ciento de su sueldo para poder utilizar agua potable. El ‘tarifazo’ dio lugar a la llamada Guerra del Agua en abril de 2000.
En 2003 se descubrió que 200.000 habitantes de El Alto no contaban con servicios de agua potable, a pesar del compromiso de la empresa Aguas del Illimani de ampliar el suministro. Y eso no era todo. Las inversiones no eran capitales de la empresa, sino de organismos internacionales que facilitaban préstamos que la misma población terminó pagando.
De esos abusos —entre otras razones— es que el presidente Morales Ayma impulsó para que las empresas deban adecuarse a lo que dicta la Constitución Política del Estado Plurinacional. Así, el avance de una legislación que proteja y garantice el acceso al agua potable no se podía frenar y del ejemplo de un país saltó al mundo entero.
La nueva Carta Magna, que entró en vigor en febrero de 2009, consagra el acceso al agua como un derecho humano “fundamentalísimo”.
El artículo 16 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, y el 373-I estipula que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.
El texto agrega que “el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad” y que “el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida”.
El artículo 373-II establece, por su parte, que los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos estratégicos y “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados”.
Y es que la propiedad de un recurso natural tan importante y vital debe estar en manos del Estado y no debe permitirse ningún tipo o forma de privatización del agua que reduzca el derecho de acceso en cantidad y calidad suficiente a millones de seres humanos.
Además, sólo la estatización de los servicios de agua permitió al Gobierno del Estado Plurinacional, por ejemplo, decretar una reducción de entre 35 y 55 por ciento en los costos de instalaciones en domicilios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto.
Luego de la promulgación de la nueva Constitución de Bolivia, el gobierno del presidente Morales ha comprometido inversiones por más de 100 millones de dólares en obras de suministro de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales. Y con el Programa Más Inversión para el Agua, Mi Agua, 900 obras en ese rubro se ejecutan en todo el país. Son hechos más allá del discurso.
