ONGs promueven gestión integral del agua para mejorar abastecimiento en La Paz
De acuerdo a una publicación de Martin Vilela de “Agua Sustentable”, en los últimos años la agenda mundial ha incluido como un tema de creciente prioridad el análisis de la problemática del agua y sus consecuencias. Bolivia no ha estado únicamente inmersa en esta agenda, sino incluso ha marcado línea y ha sido puntal para la construcción de una visión más social de la gestión de este recurso, sobre todo en la búsqueda de romper los criterios de mercantilización que consideran al agua como un bien escaso y económico, susceptible de ser introducido a la disciplina del mercado.
La aguas de Bolivia tributan a tres grandes cuencas: la Amazónica (66% del territorio) que a través del río Madera drena alrededor del 95% de las aguas del país; la cuenca del Plata (21% del territorio); y la denominada cuenca Cerrada o Lacustre (13% del territorio) que gira alrededor de los lagos Titicaca y Poopó y sus ríos tributarios tanto en Bolivia como en Perú.
Las zonas predominantes son la altiplánica andina, la de los valles interandinos y la de los llanos, las dos primeras representan alrededor de una tercera parte de la superficie total del país (1,098.581 Km2), aunque aún son el espacio de vida de cerca de 3 de cada 4 de los aproximadamente diez millones de bolivianos y es la zona en la que el uso del agua cobra mayor prioridad por su acceso restringido (derechos, usos), disponibilidad temporal (3 a 4 meses de lluvia), escasez (250 – 400 mm. de lluvia) o demanda (riego, agua potable, industria).
Vitalia Choque mencionó que un problema común con el cual se trabaja constantemente es la falta de sistemas de tratamiento de aguas sucias, ya que estas son desechadas en los ríos generando altos niveles de contaminación y enfermedad en las personas
A pesar de los avances normativos principalmente a nivel sectorial (p.e. la Ley de Riego) e institucionales (p.e creación del ministerio del agua), la situación normativa e institucional formal del agua en Bolivia es aún débil, incompleta, inexistente o caduca (p.e. Ley de aguas de 1906, falta de autoridad de aguas, ausencia de un marco normativo integral que contempla los múltiples usos del agua, etc.), por lo que a nivel local aún prevalecen prácticas tradicionales de ordenamiento del acceso y gestión del agua basadas en los usos y costumbres (normas consuetudinarias o derecho positivo), que conviven con el derecho formal, soportadas por estructuras ancestrales o más recientes, pero socialmente aceptadas o impuestas, expresó Choque.
Según la directora de Red Hábitat, los estudios muestran que la situación no mejoró hasta hoy, como debería hacer sucedido, ya que las denuncias continúan y las políticas gubernamentales son lentas y burocráticas para brindar una solución. (GAIA Noticias)
Foto:noticiasfides.com
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